Escribe Juliana García, hija de Antonio García y Beatriz Recchia militantes populares desaparecidos durante la última dictadura y activa militante en la búsqueda de las y los jóvenes apropiados entre los cuales se encuentra su hermana Bárbara a quien encontró luego de 32 años en 2009.  

La inquebrantable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo junto a organismos de derechos humanos, consiguió restituir la identidad del nieto 138. Identidad que le quitaron tras ser apropiado durante la última dictadura militar. Se trata del hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, desaparecidos en 1976, quienes fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA y en cuya maternidad clandestina Marta habría dado a luz a su bebé.

El anuncio realizado por las Abuelas en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos es un verdadero triunfo en el  marco del desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia que intenta el gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villarruel. "Esta restitución es, una vez más, la muestra de las consecuencias del terrorismo de Estado en el presente y la centralidad de las políticas de Derechos Humanos", dijo Estela de Carlotto, titular de Abuelas, y destacó la importancia de organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi), el Banco Nacional de Datos Genéticos y la secretaría de Derechos Humanos.

Se trata de una gran noticia en medio de una brutal ofensiva contra los organismos de derechos humanos orquestada por el gobierno negacionista de Milei y el Ministro de Justicia Cúneo Libarona que acaba de anunciar el despido de más de 2200 trabajadores del sector. Junto a las Abuelas de Plaza de Mayo y demás organismos defensores de los derechos humanos, denunciamos este plan de ajuste del gobierno luchando contra el vaciamiento de los espacios de la memoria, y nos sumamos al Abrazo al predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) porque “sin Trabajadores no hay memoria”.

Seguiremos buscando a los que faltan

Con el hijo de Marta y Juan Carlos llegamos a 138 nietas y nietos a los que se les ha restituido su identidad. Sin embargo, son más de 300 las y  los niños apropiados durante la última dictadura genocida que aún faltan encontrar. Una práctica desarrollada como un plan sistemático, denunciada internacionalmente y combatida por la organización de las Abuelas, los organismos de derechos humanos  y los millones que se han movilizado en estas décadas contra la impunidad.  Impunidad por la que trabajaron los propios milicos con la complicidad de la Justicia y los partidos patronales como  la UCR, el PJ y el PRO. Recordemos que una parte muy importante de los archivos de la dictadura siguen cerrados a la investigación y que mediante leyes como la Obediencia Debida y Punto Final del gobierno de Alfonsín o los indultos de Menem trataron de perdonar a los genocidas, lo que fue impedido por la movilización popular.

Festejamos la restitución de la identidad  de este nuevo nieto porque es un golpe al plan sistemático de exterminio que llevaron adelante los militares, que incluía no solo el asesinato de una generación de luchadores, sino también para borrar la identidad de sus hijos. Pero también es una respuesta al ataque sistemático lanzado por el gobierno de Milei contra los organismos de derechos humanos. "Es un notición para terminar el año", expresó Teresa Laborde Calvo, hija de la sobreviviente Adriana Calvo. Para Teresa, la restitución de la identidad del nieto 138 cuando "el Gobierno quiere cerrar los espacios de Memoria, Verdad y Justicia como la Casa por la Identidad de Abuelas”, es una victoria. 

"Haberlo encontrado fue la mejor respuesta a la lucha de esa familia" […] "Se va a encontrar con una familia que lo buscó, que nunca perdió las esperanzas", aseguró Manuel Gonçalves Granada, miembro de la Comisión Directiva de Abuelas y secretario ejecutivo de Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). Y desde el Estado Español, Diego Antonio, hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y hermano del nieto 138 expresó: “Estoy embargado por la emoción, sos muy bienvenido. Gracias Abuelas, son el orgullo nacional, las adoro". Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, seguiremos exigiendo medidas de fondo que permitan recuperar a los más de trecientos nietos que aún faltan, y también luchando contra el negacionismo y para juzgar a los miles de militares, civiles y religiosos partícipes del genocidio  que todavía hoy permanecen impunes.

Escribe Fernanda Giribone

Carlos Sadir utiliza la justicia del ex gobernador Gerardo Morales para perseguir y ajustar como Javier Milei. La reciente elevación a juicio de la causa contra diecinueve luchadores populares va en consonancia con la política represiva del gobierno ultraderechista, quien ya ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión.

El ex gobernador Gerardo Morales (UCR), quien pretendía prohibir definitivamente la protesta social, llevó adelante en sus ocho años de mandato una persecución feroz a opositores políticos, echando mano a diversos “mecanismos legales” como el Código de Contravención o el uso y abuso del Ministerio Público de la Acusación.

Las causas armadas del 2022, la persecución de quienes resistieron la reforma constitucional en el 2023, y el hostigamiento a todo aquel que lo “molestara”, hasta llegar al escándalo de los “presos por tuitear” de este año, demuestran el uso maniqueo de una Justicia de Jujuy adicta al poder.
Ahora con Carlos Sadir a cargo del ejecutivo provincial y en el marco de la escalada represiva del gobierno de Milei (con el Ministerio de Seguridad y sus protocolos anti protesta) y la criminalización a las organizaciones sociales, el Poder Judicial de Jujuy avanza tranquilo en su política de criminalización y judicialización. Buscan aleccionar manifestantes elevando a juicio esta causa, que como todas las causas de la provincia, no cuenta con pruebas y se encuentra plagada de irregularidades. Las detenciones parecen estar exclusivamente relacionadas con la necesidad de impartir una política de miedo y la avidez de dinero. Se reitera también el inédito suceso de juzgar un mismo hecho por dos vías diferentes, la contravencional y la penal. Por este motivo, a quienes se manifiestan indefectiblemente se les aplican cuantiosas multas.

Las 20 detenciones (y las 19 judicializaciones) derivan de la brutal represión armada del 20 de junio del 2023, cuando se aprobó la nueva Constitución que Morales pactó a espaldas del pueblo, en acuerdo con el peronismo local.

Esta reforma constitucional es represiva y ajustadora, restringe el derecho a la protesta y facilita la explotación de bienes comunes sin consulta a los pueblos originarios, cercena derechos de trabajadoras y trabajadores, mujeres y diversidades y fue aprobada en una Convencional Constituyente, irregular, que la resolvió de manera express, aún a pesar del masivo rechazo popular en las calles.

La protesta social, con marchas y cortes de ruta, se multiplicaron por toda la provincia en un movimiento que reclamaba: “arriba los derechos y abajo la reforma”. Largas jornadas de protesta que luego se conocieron como el jujeñazo.

Por esos días, en camionetas sin patentes de empresas contratistas del gobierno provincial, policías sin uniformes secuestraron personas que participaron (o no) de estas manifestaciones. Por otra parte, los trabajos de inteligencia y el hostigamiento continuaron por semanas o meses en muchos casos. Todos estos hechos aberrantes, que fueron denunciados por diversos organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, nos rememoran los sucesos de las  “Noches del apagón”, el raid represivo perpetrado por la última dictadura cívico-militar en Libertador, donde desaparecieron 31 compañeros, secuestrados en camionetas del Ingenio Ledesma.

Hoy, por esta lucha están procesados cientos de personas, entre quienes se encuentra nuestro compañero docente Ivan Blacutt (ver "¿Quién es Iván Blacutt?").

Desde Izquierda Socialista rechazamos este intento de criminalizar la protesta social y exigimos que cese la persecución a quienes fueron parte del jujeñazo. Denunciamos que lo que en realidad existe es un verdadero avasallamiento de las libertades democráticas, mientras las violaciones a los derechos humanos de la policía de Morales siguen en la impunidad.

Por ello te invitamos a que te sumes a la campaña por el desprocesamiento de los 19 luchadores de Jujuy y decimos:
¡Protestar no es delito!
¡Sobreseimiento ya de todos los imputados!
¡Que se investigue y juzgue a Morales y los responsables de la brutal represión del 2023!

Escribe Fernanda Giribone

Iván Blacutt es padre de familia, docente universitario, militante de su gremio (Adiunju), de Conadu Histórica y dirigente de Izquierda Socialista. Fue, como tantas compañeras y compañeros de Jujuy, víctima de la represión y persecución que el ex gobernador Gerardo Morales llevó adelante con el objetivo de sostener su reforma constitucional represiva y ajustadora.

Tras la represión del 20 de junio (cuando se aprobó entre gallos y medianoche la nueva Constitución) de entre los miles y miles de manifestantes, veinte personas fueron acusadas y el 13 de julio de 2023, nueve de ellas fueron detenidas. Aunque se pedían 40 días de prisión preventiva, cuatro días después fueron puestos en libertad. La liberación de Iván y de todos los compañeros de esa causa, sorteando la preventiva fue un triunfo de la movilización popular y de la enorme campaña nacional e internacional que en ese momento se realizó en contra de la criminalización de la protesta.
Iván cosechó así una parte de lo que su larga militancia social y política en la provincia le permitió cultivar. Recogió la solidaridad desde pueblos originarios (a cuyo lado estuvo en horas difíciles), de sus innumerables alumnos de las colonias, del apoyo escolar de comedores, y de sus estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, quienes no dudaron en reclamar “libertad a nuestro profe”.

Se sumó también al pedido de familiares, compañeros y alumnos las declaraciones de repudio de decenas de sindicatos a lo largo del país. También múltiples personalidades de la lucha por los Derechos Humanos se sumaron al pedido de Izquierda Socialista y la UIT-CI.
Sostenemos que la movilización que llevó adelante el pueblo jujeño respondió a una verdadera rebelión popular que, amparada en la unidad entre distintos sectores (trabajadores, gremios combativos, estudiantes, partidos políticos de izquierda y sobre todo las comunidades originarias),  plantearon el “No a la reforma” y emprendieron un plan de lucha contra el ajustador y represor gobierno de Morales.

Denunciamos una vez más que, en el marco de estas protestas, hubo violentas represiones con heridos, secuestros, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. En este contexto es que nuestro compañero se encuentra procesado también por la Justicia Penal y ha recibido una multa millonaria por ejercer su legítimo derecho a la protesta.

Escribe Francisco Moreira

El juicio contra Ivan Blacutt y otros dirigentes es parte de la política represiva y de criminalización de la protesta social que impulsa el gobierno ultraderechista de Milei y sus gobernadores aliados. El plan de ajuste del gobierno y el FMI, que promueve despidos, salarios a la baja, privatizaciones y recortes presupuestarios, viene encontrando rechazo de la clase trabajadora y sectores populares que, pese al pacto de la CGT con el gobierno, salen a luchar contra este plan de hambre y miseria. La motosierra no pasa sin represión y persecución a las y los luchadores. Así se puso de manifiesto en junio pasado cuando el Congreso votó la Ley Bases en medio de una fuerte represión que dejó treinta y tres detenidos por denunciar esa nefasta ley. Lo vemos cada semana, con la aplicación del protocolo anti-piquetes y la represión contra las y los jubilados que se manifiestan frente al Congreso. En octubre sufrieron allanamientos y detenciones dirigentes de Amsafe (docentes) y ATE Rosario por luchar contra la reforma de la caja jubilatoria. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quiere cobrar multas millonarias a Adosac (docentes) por luchar y hacer huelgas en defensa del salario. Sigue abierto el proceso de desafuero de Juan Manuel Di Vicenzo, delegado de Ademys por reclamar vacunas y protección en la  pandemia. Dirigentes docentes misioneros son judicializados por participar de la rebelión docente por aumento salarial en esa provincia. También sufren la judicialización ambientalistas chubutenses por rechazar el RIGI. Mientras en el país crecen el desempleo y la pobreza, el gobierno ultraderechista persigue a referentes del movimiento piquetero. Eduardo Belliboni y más de diez dirigentes del Polo Obrero son acusados por “amenazas coactivas y extorsión” por reclamar por la continuidad de comedores sociales y planes sociales. Por eso desde Izquierda Socialista/FIT Unidad llamamos a enfrentar la represión y persecución de la protesta social. Reclamamos el desprocesamiento de todos los luchadores y luchadoras. No a las causas armadas. Abajo el Protocolo de Bullrich. Basta de criminalizar la protesta. Luchar no es delito. 

Escribe Isabel Lorca

A fines de los años ‘90 en Catamarca se desataron masivas movilizaciones en reclamo de justicia por Maria Soledad Morales. La joven de 17 años que fue violada en grupo, asesinada y luego, su cuerpo descartado en un basural. Eran las marchas del silencio pero el reclamo por justicia se oyó en las esferas más altas del poder. Era un grito de rabia contra una sociedad casi feudal que cuestionaba a quienes gobernaban la provincia, el clan Saddi.

Se cumplieron 34 años de aquel hito y en la plataforma Netflix se estrenó el documental “María Soledad: el fin del silencio” dirigida por Lorena Muñoz. Un film que cuenta lo ocurrido durante aquel septiembre de 1990. Desde la desaparición de la adolescente, el encuentro de su cuerpo sin vida, la fuerza de sus compañeras de escuela hasta la denuncia a los “hijos de poder” que involucró al gobernador de la provincia, al jefe de la policía, a la justicia y al gobierno peronista de Carlos Menem. Con la movilización se logró poner en discusión todo ese entramado de corrupción e impunidad.

Los “hijos del poder” y el encubrimiento judicial

Las marchas fueron creciendo jueves a jueves en Catamarca. La primera se realizó por iniciativa de sus compañeras del Colegio del Carmen y se reunieron unas 300 estudiantes. Ya para la tercera, ese número llegó a 3.000 personas, para la cuarta 7.000, para la quinta 12.000 y para la séptima 30.000 personas, el 30% de la población de la ciudad. El femicidio pero sobre todo la impunidad del poder político se debatía en todos lados: en las aulas y en los negocios. Un pueblo entero reclamando justicia y señalando al gobernador Ramón Saadi como el principal encubridor. 

En marzo de 1996 se inició el juicio oral y terminó suspendido por diversas irregularidades. Al año siguiente se realiza un nuevo juicio por el que resultaron condenados solo a dos de los hijos del poder: Guillermo Luque, hijo del entonces diputado Ángel Luque y Luis Tula. Miguel Ferreyra, hijo del jefe de la policía, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente y Arnoldito Saadi, primo del gobernador, no fueron condenados.

Era tal la impunidad con la que se manejaban que el diputado Luque para defender a Guillermo dijo que: “Si su hijo hubiera sido el autor del crimen el cuerpo no hubiera aparecido”. Esto le significó la expulsión del Congreso nacional y que el reclamo por justicia siga creciendo.

Una de las expresiones de esa época se dio en la cancha de la Liga Catamarqueña de fútbol que reunía a 6.000 personas. Los cánticos de las tribunas se escuchaban en gran parte de la ciudad: “El gobierno es una mierda y la policía también. Como corre tanta guita la justicia no se ve” De esta manera “Se expresaba también la bronca contra el largo reinado del gobierno provincial (40 años de gobierno) y sus fastuosas riquezas, la miseria salarial, pagos atrasados de los sueldos, desastre hospitalario y educativa y la pobreza y ajuste de la Argentina de los Menem”[1]

Durante el juicio se destacó la presencia del Fiscal Gustavo Taranto que llegó desde la provincia de Córdoba porque todos los integrantes del tribunal en Catamarca entorpecían la investigación y protegían a los implicados directos en el asesinato. El fiscal culmina su alegato con las siguientes palabras: “María Soledad nos dice ‘me drogaron, y yo no quería’. Y yo le creo. Nos dice ‘me violaron, y yo no quería’. Y yo le creo. Nos dice ‘esa persona me golpeó y tragué mi propia sangre’. Y yo le creo. Porque María Soledad no tiene razones para mentir”.

Del grito silencioso al Ni Una Menos actual

El femicidio de María Soledad fue un hito para la historia de nuestro país. Gracias a la movilización incansable de su familia, de sus amigas y de todo un pueblo que reclamaba justicia se logró desentrañar la trama de poder entre los gobiernos, la policía y la justicia. No se trataba solo del gobierno provincial en manos del Clan Saadi sino del propio presidente Carlos Menem. El presidente que es reivindicado actualmente por Javier MIlei. Un ultraderechista, misógino, anti derechos y que hasta niega la violencia de género.

La lucha por justicia para Maria Soledad fue un grito silencioso que salió de la rabia en las marchas organizadas por sus amigas y compañeras del colegio. Adolescentes y jóvenes que se animaron a decir basta a la violencia y a la impunidad. Al igual que el Ni Una Menos actual, son las familias y las amigas que se levantan ante cada nuevo femicidio exigiendo justicia. Es por María Soledad Morales, es por todas.

[1] Periódico Solidaridad Socialista Nº 354, 8/11/1990